El Perú se rige por un sistema democrático que, en teoría, equilibra el poder entre tres ramas fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, la percepción pública y la realidad política sugieren que este balance está lejos de ser perfecto. Según datos de la encuestadora CPI, el 43.3% de los peruanos consideran que uno de estos poderes tiene un control mayor sobre el país. Específicamente, el Poder Legislativo ha sido señalado por el 20% de la población como el más influyente, lo que sugiere una consciencia ciudadana sobre la dinámica de poder en el país.
El Congreso de la República, compuesto por congresistas, ha demostrado ser un actor predominante en la arena política peruana. La capacidad del Legislativo para realizar reformas constitucionales y bloquear propuestas de cambio sustancial le otorga una ventaja sobre los otros dos poderes. Esta capacidad de modificación, que a menudo parece arbitraria y orientada a prolongar su propio dominio, resalta el desequilibrio en la estructura de poder del país.
Las reformas constitucionales en Perú no son simplemente ajustes técnicos; representan maniobras estratégicas del Congreso para consolidar su control. La reciente vuelta del Senado y la Cámara de Diputados para las elecciones de 2026 es un claro ejemplo de este fenómeno. La introducción de un sistema bicameral busca fortalecer el papel del Senado, otorgándole, entre otras cosas, la potestad de designar a los titulares de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).
La concentración de poderes en el Senado plantea preocupaciones sobre un posible desbalance en la estructura gubernamental. La capacidad de este cuerpo para nombrar a los líderes de instituciones clave podría inclinar la balanza aún más a su favor, creando un mandato desbalanceado. La intención detrás de estas maniobras parece ser clara: asegurar que el Legislativo, y en particular el Senado, mantenga una influencia decisiva en el panorama político peruano.
La pregunta crucial es si la ciudadanía peruana es consciente del poder desproporcionado que ostenta el Legislativo y qué acciones deben tomar al respecto. La participación ciudadana y el escrutinio público son esenciales para mantener el equilibrio de poder en una democracia. Sin embargo, el desinterés o la desinformación pueden permitir que un poder se fortalezca sin oposición alguna, alargando un ciclo de dominación y reforma arbitraria.
El papel del electorado es fundamental en cualquier democracia. Los ciudadanos peruanos deben ejercer su derecho al voto con una comprensión clara de las implicaciones de sus decisiones. La vigilancia continua y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de sus representantes son herramientas vitales para contrarrestar cualquier intento de concentración excesiva de poder.
El futuro de la democracia en el Perú depende de un equilibrio real entre sus poderes constituidos. Si bien el Legislativo ha mostrado una tendencia a consolidar su dominio, la responsabilidad de mantener este equilibrio recae también en la ciudadanía y en sus instituciones. Un electorado informado y participativo puede ser la clave para restaurar y preservar la integridad del sistema democrático peruano. La pregunta no es solo quién controla los hilos hoy, sino cómo aseguramos que esos hilos no se conviertan en cadenas que aten nuestra libertad democrática mañana.
