Mientras en los medios y redes sociales se discute acaloradamente el fracaso de Perú en la Copa América, una tragedia silenciosa y de mucho mayor envergadura está ocurriendo en nuestro país: la destrucción de la educación universitaria. En los últimos años, el Congreso ha aprobado una serie de leyes que han desmantelado la reforma universitaria con el objetivo de tomar el control de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y beneficiar a un grupo de universidades denominadas “basura”.
Este desmantelamiento ha permitido a ciertos partidos y congresistas relacionados con casas de estudio privadas seguir llenándose los bolsillos a costa de miles de estudiantes. Como resultado, en 2022 se crearon más de 2,200 programas nuevos de pregrado y posgrado sin que el ente regulador pudiera verificar si cumplen con las condiciones mínimas de calidad, tal como lo admitió el propio jefe de la entidad.
Esto significa que la mayoría de las nuevas carreras creadas a partir de 2022 en universidades públicas y privadas licenciadas no son más que una estafa. Gracias a la intervención del Congreso, el ente de supervisión y calidad ya no verifica que estas nuevas licenciaturas cuenten con laboratorios equipados, presupuestos adecuados, profesores capacitados, mallas curriculares actualizadas ni que sean profesiones con demanda en el mercado.
Además, la SUNEDU ha llegado al punto de eliminar sus áreas de supervisión, fiscalización y licenciamiento, convirtiéndose en nada más que una mesa de partes de las universidades, perjudicando gravemente a todos los alumnos. Las denuncias contra los campus por abusos en las pensiones, acoso de profesores, infraestructura en mal estado y falta de docentes en las aulas ya no tienen valor, ya que el ente autónomo ha dejado de fiscalizar o simplemente ignora estas demandas.
Esta situación ha generado que en muchas casas de estudio se viva un ambiente de censura y persecución contra aquellos estudiantes que se atrevan a reclamar o hacer pública una denuncia.
A todo esto, hay que sumarle que la contra reforma aprobada por el Pleno, también ha permitido la continuidad de los pésimos servicios de salud y educación escolar en el país, a raíz de la eliminación del proceso de acreditación de las carreras universitarias, proceso que estaba en la ley anterior y que obligaba a las academias a no solo cumplir con las condiciones básicas de calidad.
Mientras que a la par el Gobierno ha dejado a una serie de universidades públicas sin los recursos y presupuestos necesarios, para ni siquiera proveer a los estudiantes un servicio de comedor, aulas o hasta docentes. Por ello en muchas partes del Perú, alumnos de entidades públicas han empezado a organizarse para protestar por sus derechos y contra la mafia que prevalece. Sin embargo, el daño está hecho, y el bienestar de la educación académica ha caído enormemente en la mayoría de instituciones públicas y privadas.
