“Niños en la esquina”: trabajo infantil en Arequipa, entre la necesidad y la inacción

En Arequipa decenas de miles de niños y adolescentes trabajan o están en alto riesgo de hacerlo. Vender dulces en restaurantes, pedir en la calle o acompañar a sus madres en el comercio son escenas cotidianas en el centro histórico y en plataformas comerciales como Avelino Cáceres. Este reportaje reúne estadísticas oficiales, acciones públicas y la voz de la calle para entender por qué los menores terminan trabajando y qué se hace (o no) para protegerlos.

Un problema que no es solo anecdótico: cifras que alarman

El trabajo infantil en el Perú sigue siendo una realidad crítica. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “alrededor de 2 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años” participan en actividades económicas en el país.

Por grupos de edad, el INEI detalla que el 12,1 % de los menores de 5 a 9 años, el 29,3 % de los de 10 a 13 años y el 40,5 % de los adolescentes de 14 a 17 años estaban involucrados en trabajo infantil. En ciudades, el fenómeno también está presente: un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIS EPA) señala que aproximadamente el 17 % de menores urbanos trabajan en calles, negocios informales o en el comercio familiar.

En el plano regional, la página oficial de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa (GR-TPE) informa que la región ocupa “la cuarta región con un 9,1 %” de menores trabajando o en riesgo, y estima que “2 de cada 10 niños y adolescentes” podrían estar en situación de trabajo infantil. Estas cifras sirven para entender que el fenómeno no es desconocido, sino estructural, y requiere atención sostenida.

¿Por qué trabajan los niños? Causas estructurales

El trabajo infantil no surge de un vacío: es el resultado de factores estructurales que se combinan para que niños y adolescentes terminen trabajando en lugar de estar en la escuela o jugando. En primer lugar, la pobreza sigue siendo el motor principal. Como advierte la Defensoría del Pueblo, “el trabajo infantil genera un ciclo sin fin de pobreza, limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional; además, expone a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia y explotación”. En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcula que más de dos millones de niños entre 5 y 17 años participan en alguna actividad económica.

La informalidad laboral en la región también juega un papel clave. En Arequipa, donde muchos adultos trabajan en el comercio ambulante, el transporte informal o la economía doméstica sin protección, los menores se suman como apoyo económico de sus familias. Esta integración temprana al trabajo es una consecuencia directa de la debilidad de redes formales y de protección social. Asimismo, la deserción o falta de continuidad escolar contribuye al problema. Datos del INEI señalan que el 12,4 % de adolescentes entre 14 y 17 años “estudian y realizan alguna actividad económica” y el 4,5 % “solo trabaja”, lo que demuestra que el trabajo infantil golpea directamente la trayectoria escolar.

Las zonas altoandinas y periféricas también muestran mayor vulnerabilidad: según datos regionales, en Arequipa “cerca del 21 % de menores están en situación de trabajo infantil”, según lo informó un medio local en una reunión del Comité Directivo de Prevención. En esos contextos, la falta de empleo adulto digno, la migración interior y la economía informal empujan a los menores a asumir roles de trabajadores. En resumen, pobreza, informalidad, escolaridad debilitada y contexto geográfico articulan una trampa donde los niños trabajan para sobrevivir.

Formas y riesgos: cómo trabajan los niños en la ciudad

En Arequipa, el fenómeno del trabajo infantil adopta formas muy visibles: niños que venden dulces en restaurantes, adolescentes que piden en las veredas del Centro Histórico o jóvenes que acompañan a sus madres en puestos informales en zonas como la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Estas actividades pueden parecer inocuas, pero implican riesgos de gran magnitud.

Según datos del INEI, en el país urbano el 17 % de los menores que trabajan lo hacen en calles, empleos informales o negocios familiares, mientras que el porcentaje en zonas rurales es considerablemente mayor (56 %). Estas cifras permiten entender que la economía informal en la ciudad expone a los menores a jornadas prolongadas, condiciones de trabajo sin control y ambientes no diseñados para niños.

Los riesgos van más allá: los menores que trabajan tienen mayor exposición a accidentes de tránsito, calor, polvo, contaminación, instrumentos de trabajo inadecuados y trato desigual. Estudios indican que los menores trabajadores presentan menor asistencia escolar y mayor repetición. En Perú, se ha registrado que el 12,1 % de niños de 5-9 años, el 29,3 % de 10-13 y el 40,5 % de 14-17 años participan en alguna actividad económica, lo que pone en evidencia la magnitud del fenómeno.

En la ciudad de Arequipa, esa realidad se hace visible cada día: en las tardes, niños que deberían estar en la escuela se ven cargando bultos, atendiendo emprendimientos familiares o vendiendo productos en restaurantes. Esta exposición temprana al mundo laboral vulnera su derecho a la educación, al descanso, al juego. Como explica la Defensoría del Pueblo, el trabajo infantil “limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional” y constituye una forma de violencia estructural.

Además, la informalidad general del contexto impide que se impongan regulaciones efectivas sobre la edad mínima de trabajo, horarios, salario o condiciones laborales para menores. Esa combinación convierte lo que para algunos puede parecer un trabajo leve, en una carga que marca su futuro.

¿Qué dicen las autoridades?

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa ha reconocido públicamente que la región está entre las más afectadas y que “menos del 10 %” de los menores en riesgo están siendo atendidos en programas específicos. Según la web oficial de la GR-TPE, “Arequipa es la cuarta región con un 9,1 % de niños y adolescentes que trabajan o están en riesgo”.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informa que en el Perú el 9,8 % de los menores de 5 a 17 años trabajan, lo que equivale a unos 760 000 niños. Asimismo, la Defensoría del Pueblo también señala que las autoridades locales deben reforzar y articular sus acciones para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Estas declaraciones muestran que, aunque el problema está en la agenda, las medidas muchas veces no alcanzan la escala necesaria para cambiar la realidad estructural.

¿Existen acciones de prevención?

En la práctica, se han implementado campañas de sensibilización en mercados y plataformas comerciales, por ejemplo la campaña “No al trabajo infantil” de la GR-TPE en 2023. También se desarrollaron operativos y mesas técnicas interinstitucionales de prevención, que involucran a la municipalidad, al MTPE y a la Defensoría.

Sin embargo, los resultados son dispares. Los operativos suelen ser puntuales, no necesariamente sostenidos; muchos menores regresan al trabajo al poco tiempo por falta de alternativas reales. La cobertura es limitada: en distritos como Cerro Colorado, la informalidad económica es tan compleja que los niños caen en el trabajo sin que haya intervención continua.

Por ejemplo, a pesar de las campañas, los menores que venden dulces en restaurantes o piden en la calle permanecen en situación de riesgo. Un documento de la Defensoría advierte que el sistema de protección “no está aún tipificado completamente” para abordar todas las formas de trabajo infantil.

Lo que se necesita es acción persistente: programas de apoyo económico familiar, fiscalización constante, coordinación entre educación, trabajo social y municipalidad, y oportunidades reales para que los menores estudien, no trabajen.

Entonces… ¿Qué podemos hacer?

Para avanzar, se requieren intervenciones coordinadas y sostenibles:

• Programas de transferencia social dirigidos a familias vulnerables, que permitan que los menores no deban trabajar para sobrevivir.

• Refuerzo de la fiscalización y presencia municipal en zonas críticas (centro histórico, Avelino Cáceres, mercados informales), con acompañamiento social para evitar que los menores vuelvan al trabajo.

• Continuidad educativa garantizada: asegurar que los niños que trabajan puedan volver a la escuela y terminar la secundaria.

• Campañas de sensibilización sostenidas, no solo puntuales: involucrar a padres, comerciantes, docentes y trabajadores informales en la identificación del problema.

• Fortalecer la articulación entre entidades: MTPE, MIMP, municipalidades, Defensoría del Pueblo, escuelas, ONGs; con metas, indicadores y transparencia. Por ejemplo, la Defensoría hace un llamado constante a reforzar la articulación institucional como medida clave.

• Crear oportunidades de empleo digno para los adultos informales, para que no dependan del ingreso de los menores.

Si estas acciones se implementan con seriedad, Arequipa podrá comenzar a reducir el número de menores trabajando y avanzar hacia el cumplimiento del derecho a la infancia. Este no es un problema de voluntarismo: es una obligación ética y social.

El trabajo infantil en Arequipa no es un asunto de simple moralismo: es una consecuencia directa de la pobreza, la informalidad y la falta de redes de protección eficaz. Las cifras oficiales y la observación de la calle coinciden: muchos menores siguen trabajando, y las respuestas aún son fragmentarias.

Erradicar esta realidad exige políticas valientes, sostenidas, inversión en protección social, educación y empleo decente para las familias. También requiere una cultura ciudadana que entienda que cada niño que vende un dulce en un restaurante es una señal de que algo está fallando.

Las autoridades lo reconocen, los programas existen, pero el ritmo del cambio no está a la altura de la urgencia. Y mientras el adoquín de la calle se convierta en aula y el carrito de venta en la escuela, la infancia seguirá siendo víctima de la necesidad.

Como sociedad, tenemos que preguntarnos: ¿preferi­mos que un niño esté en clase o que esté en la vereda? ¿Valoramos su derecho a la educación, al juego, al desarrollo pleno? Si la respuesta es sí, el camino es claro: acción concertada, urgente y permanente.
Porque el futuro de Arequipa depende también de que sus niños vivan para aprender, no para sobrevivir.