El feminicidio de la estudiante Ana Paola Vargas dentro del campus de la UNSA conmovió a Arequipa, pero su caso forma parte de un fenómeno mayor: miles de denuncias por violencia contra la mujer cada año. Aunque existen centros de atención y campañas, las cifras y las instituciones muestran que las respuestas aún son insuficientes.
El caso que no se olvida: Ana Paola en la UNSA
El 29 de septiembre de 2023 la comunidad universitaria de Arequipa quedó conmocionada: la estudiante Ana Paola Vargas Ramos (19) fue asesinada por su expareja dentro del campus de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Las imágenes y testimonios recogidos por la prensa mostraron la violencia extrema del hecho.
El agresor fue posteriormente sentenciado en primera instancia a 20 años y 8 meses de prisión por feminicidio, una condena que la Fiscalía apeló pidiendo penas mayores por la gravedad del delito. La universidad, las autoridades judiciales y la sociedad reclamaron cambios para evitar que espacios académicos se transformen en escenarios de violencia.
Un patrón regional: cifras recientes que no se pueden ignorar
Las cifras oficiales muestran que la violencia contra la mujer en Arequipa es un problema de gran escala. El INEI publica regularmente boletines sobre feminicidio y violencia; su informe de avance hasta el tercer trimestre de 2024 es una referencia sobre la magnitud nacional del problema.
A nivel regional, los registros y reportes acumulados por instituciones locales indican miles de denuncias: la Defensoría del Pueblo ya advertía en 2023 que Arequipa había registrado 14.523 denuncias por violencia contra la mujer durante 2022 y que, en los primeros meses de 2023, las cifras continuaban en aumento.
El Observatorio y los registros policiales también muestran que en 2025 se han seguido registrando cifras elevadas de denuncias y medidas de protección. Por ejemplo, informes del Ministerio Público y del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana señalan cientos o miles de intervenciones, sentencias y medidas desde inicios de 2025.
El Ministerio de la Mujer (MIMP) y su programa Warmi Ñan reportaron que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron decenas de miles de casos en 2024–2025 (más de 113.000 atenciones a nivel nacional entre enero y agosto de 2025), lo que muestra la demanda de atención especializada; Arequipa aporta una porción significativa a esa cifra dada su alta demanda.
¿Dónde ocurren más hechos?
Los datos muestran que la violencia contra la mujer se presenta tanto en zonas urbanas como rurales, aunque las modalidades y la visibilidad cambian. En áreas urbanas (como el Cercado de Arequipa y zonas comerciales) las denuncias son más visibles y numerosas por la mayor presencia de comisarías y servicios.
En tanto, en zonas rurales y altoandinas la violencia puede ser igual o peor, pero subreportada por dificultades de acceso a servicios, estigmas y aislamiento. La Defensoría del Pueblo y los estudios regionales han señalado que la prevalencia puede ser alta en distritos vulnerables y que los servicios deben adaptarse a contextos rurales y urbanos por igual.
Más que golpes: las formas silenciosas y la violencia sexual
No todo se reduce a agresiones físicas. La Defensoría y el MIMP señalan que una gran proporción de las denuncias corresponden a violencia psicológica (insultos, amenazas, control) y violencia económica, además de agresiones físicas y sexuales.
En Arequipa, según registros de CEM y reportes institucionales, la violencia psicológica suele ser la más frecuente en las consultas, seguida de la violencia física y sexual en porcentajes relevantes. El MIMP también reporta que a nivel nacional la violencia familiar sigue siendo una de las principales causas de atención en los CEM y que la incidencia de violencia sexual mantiene cifras que requieren atención especializada.
Además, las denuncias por violencia sexual y delitos conexos siguen preocupando: múltiples fuentes periodísticas y de justicia han reportado que en Arequipa se atienden diariamente denuncias por violación y agresión sexual, y que estas denuncias exigen rutas de atención integrales.
Respuestas institucionales: qué hay y por qué no basta
Existen estructuras formales: centros CEM, unidades policiales especializadas, fiscalías de violencia contra la mujer y programas del MIMP (Warmi Ñan). El MIMP informó que los CEM atendieron más de 113.000 casos entre enero y agosto de 2025 a nivel nacional, lo que indica un esfuerzo de atención nacional, aunque la demanda supera la oferta.
En Arequipa, la Defensoría ha pedido articulación interinstitucional para que el registro de denuncias, la protección y la prevención funcionen en conjunto; en su informe regional dijo que la falta de coordinación y recursos limita la eficacia de las medidas.
Asimismo, el Poder Judicial y las fiscalías de violencia vienen incrementando sentencias y medidas de protección (por ejemplo, las fiscalías de violencia en Arequipa reportaron cientos de sentencias condenatorias en 2025), pero los analistas coinciden en que se requiere más prevención y acompañamiento post-denuncia.
Aun así, los informes y análisis regionales identifican varias barreras: subregistro (muchas agresiones no se denuncian), la normalización cultural del maltrato en ciertos entornos, deficiencias de articulación entre servicios, falta de personal capacitado en comisarías y CEM, y limitaciones presupuestarias.
La Defensoría y el MIMP han señalado repetidamente que sin un abordaje integral (que incluya prevención en escuelas y universidades, capacitación y solidaridad comunitaria) los avances quedarán incompletos.
Los números y los casos extremos en Arequipa dejan claro que la violencia contra la mujer sigue siendo una crisis. El feminicidio de Ana Paola y la muerte por quemaduras de otra mujer en 2025 son recordatorios brutales de que la violencia no conoce espacio. Ocurre en la casa, en la calle y hasta en la universidad.
Las instituciones han dado pasos (CEMs funcionando, fiscalías activas, sentencias) pero la magnitud del problema exige políticas sostenidas. Desde la prevención desde la escuela y el campus, protección real y la voluntad política para coordinar recursos.
La memoria de las víctimas debe transformarse en cambio efectivo: protocolos activos en universidades, CEM con cobertura suficiente, formación en colegios y mayor apoyo post-denuncia. Arequipa necesita que la conversación se traduzca en acciones que salven vidas.
