La enfermedad no avisa, pero el sistema sí se toma su tiempo. En el Perú, estar asegurado no significa estar protegido. Significa, muchas veces, entrar a una larga fila invisible donde la paciencia se convierte en el único tratamiento inmediato.
Todo comienza con una llamada. Un número que suena ocupado, que deriva a una grabación, que cuelga sin previo aviso. Se intenta de nuevo. Y otra vez. Así pasa un día, quizá dos. A veces una semana completa para que alguien conteste, y lo haga con tono automático, como si la dolencia ajena fuera un trámite más.
Cuando al fin se consigue una cita, esta puede estar programada para dentro de un mes. A veces dos. Incluso más. Y si se trata de una especialidad, el calendario se estira aún más. Para ese entonces, el dolor ya habrá cambiado de forma o de lugar. O quizá ya no esté. Pero uno acude igual, porque es el único acceso que tiene a la salud. Porque pagar por atención privada no siempre es una opción.
En los hospitales del Estado, el ambiente no alivia. Es una mezcla de resignación y hartazgo. Las colas empiezan de madrugada, los turnos se disputan como boletos a un concierto. Hay rostros cansados, cuerpos apoyados contra la pared, madres con niños dormidos en brazos, ancianos con los ojos perdidos. Todos esperando lo mismo: ser vistos.
Dentro, el trato es mecánico. El saludo es escaso. A veces hay profesionales con vocación, que explican con claridad y escuchan con respeto. Pero muchas otras veces, hay silencio, apuro, indiferencia. El paciente se convierte en número, en historial, en caso.
Quienes tienen dinero prefieren pagar. Porque en la clínica, al menos, los llaman por su nombre. Les sonríen. Les explican. Les dan fecha y hora, sin rodeos. La atención no solo es más rápida, también es más digna. Y eso duele. Porque parece que, en este país, la dignidad en la salud también tiene un precio.
Y entonces surge la pregunta: ¿acaso los que menos tienen no merecen ser tratados con cuidado, con atención, con humanidad? ¿Acaso la pobreza justifica la espera, el maltrato, la negligencia?
Cada día, miles de peruanos viven esta otra enfermedad: la de ser ignorados por el sistema. Esperan una cita como quien espera justicia. Con miedo, con desesperanza. Con la sensación de que su tiempo, su cuerpo, su dolor… valen menos.
El sistema está enfermo. Y mientras no se cure, los pacientes seguirán esperando. Esperando por un turno, por una llamada, por un trato más humano. Esperando, simplemente, por ser atendidos como lo que son: personas.
El suelo tiembla. Un leve vaivén recorre el piso, los vasos repiquetean en la repisa y el perro, si es joven, tal vez ladre confundido. Pero la mayoría en Arequipa no se inmuta. “¿Sentiste?”, pregunta alguien. “Un ratito nomás”, responde otro. Y sigue el día.
Así se vive en esta ciudad forjada entre volcanes. Aquí los temblores no paralizan ni alteran la rutina: apenas logran un comentario casual o, con suerte, una publicación en redes sociales. Nada más. No hay carreras por las escaleras ni mochilas de emergencia junto a la puerta. Acaso un suspiro. Acaso una broma.
En Lima, cuando la tierra se sacude, los titulares se disparan, los noticieros interrumpen su programación y los grupos familiares explotan en cadenas de alerta. En Arequipa, en cambio, las personas solo se miran y continúan. Porque aquí se ha aprendido (con susto y experiencia) que no todos los movimientos anuncian tragedia.
Pero no es indiferencia. Es historia.
El 23 de junio del 2001, a las 3:33 de la tarde, un terremoto de magnitud 8.4 sacudió el sur del país. En Arequipa, la catedral perdió una de sus torres, se vino abajo parte del centro histórico, cientos de viviendas colapsaron. Murieron más de 100 personas en todo el sur, más de 2 mil quedaron heridas. Fue un día que marcó a toda una generación. Muchos recuerdan el polvo, los gritos, el desconcierto, el miedo pegado a la piel.
Y sin embargo, la ciudad se levantó. Los templos se reconstruyeron, las calles se limpiaron y la vida, como siempre, volvió a abrir las ventanas al sol. Arequipa ha aprendido a convivir con la tierra que respira bajo sus pies. Quizás por eso, ahora, cuando un temblor sacude las sillas por un instante, nadie corre, nadie grita. Solo se ajusta el alma y se continúa.
Hay quienes dirán que es una irresponsabilidad. Otros lo verán como valentía. Pero, más allá de los extremos, lo cierto es que los arequipeños han hecho del movimiento un hábito. Aquí, donde los volcanes vigilan en silencio, se sabe que vivir implica cierto grado de temblor constante. La costumbre no elimina el riesgo, pero lo hace soportable.
“Si no fue fuerte, no fue nada”, dirá alguien. Y en parte tiene razón. Porque en Arequipa ya se ha sentido lo peor. Y desde entonces, la tierra tiembla… y la ciudad respira hondo, pero no se detiene.
Cuando la noche cae, también cae el silencio. Y en ese silencio, el miedo se abre paso. No importa cuántas veces recorra la misma ruta, ni cuántas luces conozca de memoria: cada noche, el trayecto desde la universidad hasta el óvalo Mariscal Castilla vuelve a escribirse como si fuera la primera vez.
Las clases terminan a las ocho, a veces a las nueve. Afuera, ya no queda casi nadie. Mis amigos toman otras rutas, y aunque a veces quisiera que me acompañen, sé que caminar con ellos duplica el tiempo del viaje. Yo solo quiero llegar a casa. Así que avanzo sola, respirando hondo, apretando el paso, escuchando mis propios pasos rebotar en la vereda vacía.
Al final de la cuadra de la universidad ya no hay estudiantes, solo sombra. La calle se vuelve más ancha y, paradójicamente, más pequeña. Mis ideas la encogen: imagino una mano que me arranca el celular, un auto que se detiene demasiado cerca, un brazo que me sujeta sin aviso. Escenarios que nadie quiere imaginar, pero que todas terminamos imaginando alguna vez.
Camino pensando en mi mamá. En que si algún día desaparezco (aunque no quiera, aunque luche), no quiero que piense que me fui. No quiero que crea que me cansé, que la olvidé, que decidí marcharme sin avisar. Ese pensamiento me oprime el pecho, pero también me sostiene. Me obliga a avanzar: tengo que llegar a casa. Siempre.
Cuando por fin llego al óvalo, la ciudad vuelve a hacerse audible. Carros, voces, vendedores. Pero ese ruido no alcanza para tranquilizarme. A veces el miedo tiene su propio volumen. Mando mi ubicación a mi mamá (debería ser innecesario, pero nunca lo es) y espero la combi intentando que nadie note mis manos temblando.
La combi llega. Subo rápido. No adelante. No atrás. Siempre en el medio. Siempre buscando un asiento individual. Siempre evitando sentarme junto a varones. Las mujeres crecemos con esa brújula interna que identifica riesgos invisibles; los hombres, la mayoría, ni siquiera lo notan.
Una noche, subí tan cansada que un señor me cedió su asiento individual. Acepté agradecida. Pero minutos después sentí su cuerpo pegado al mío. Esa presión que uno reconoce aunque intente negarla. Ese roce que paraliza. Ese asco que sube como una ola fría. Era él: el único pegado así, respirándome en el cuello. A los segundos lo sentí: su miembro, duro, apoyado en mi hombro.
Me quedé helada.
No grité. No hablé. No pude moverme. Hasta hoy me castigo por eso, como tantas mujeres que creen que “debieron” reaccionar. Pero la verdad es que nadie está preparada para el asco violento y repentino de un cuerpo ajeno invadiendo el tuyo.
El hombre bajó en la Clínica Arequipa. Se giró, me miró, y sonrió con una lujuria que todavía podría reconocer en cualquier multitud. Cuando lo vi alejarse, tuve ganas de vomitar. Al llegar a casa, esa polera fue directo a la basura. No podía volver a tocarla.
¿Por qué nos pasa esto a nosotras? ¿Por qué vivimos con miedo? ¿Por qué todos tienen una historia?
¿Por qué su cuerpo vale libertad y el nuestro vale cuidado? ¿Por qué para ellos la calle es tránsito y para nosotras, supervivencia?
Desde entonces, ese recuerdo se convirtió en una alarma interna que nunca se apaga. Por eso me siento donde me siento. Por eso reviso quién sube, quién se acerca, quién se queda de pie muy cerca. No es exageración. Es memoria. Es defensa.
Cuando la combi avanza, miro la ventana pero no la calle. Miro mi reflejo, miro a quien entra, miro mis manos tensas sobre la mochila. Sigo alerta incluso cuando ya estoy por bajar. Y apenas mis pies tocan la pista, el miedo cambia de forma. Ya no es un roce en la espalda, ya no es un hombre demasiado cerca: ahora es la calle oscura, las esquinas vacías, los pasos que podrían venir detrás de los míos.
Camino rápido, pero sin correr. Siempre mirando de reojo. Siempre pensando rutas alternativas. Siempre alejándome de los autos que se detienen demasiado. Son casi las diez y la ciudad parece otra, una ciudad que no está hecha para nosotras, una que nos obliga a pensar en sobrevivir cuando solo tendríamos que pensar en llegar a casa.
Doblo esquinas, acelero, envío mi ubicación por si acaso, porque una nunca sabe. Hasta que por fin veo mi puerta. Y ahí, recién ahí, puedo respirar. Ese suspiro que guardé desde que salí de la universidad se libera como si por fin me permitieran volver a mi propio cuerpo.
Cierro la puerta. Me quedo quieta un segundo. Y siento alivio. Un alivio que no debería ser un logro, pero lo es. Porque llegar a casa, para muchas mujeres, es una victoria diaria.
Solo ahí, en mi casa, soy de nuevo yo. Solo ahí dejo de tener miedo.
Cada 25 de noviembre las autoridades repiten discursos, los medios llenan titulares y las redes se tiñen de morado. Pero basta salir un momento a la calle, mirar las noticias o escuchar a cualquier mujer para comprender que:
La violencia de género en el Perú sigue siendo una herida que no deja de sangrar, una realidad que no se soluciona con marchas anuales ni campañas de un día.
Porque la violencia no se detiene cuando se apagan los micrófonos del 25N. Sigue avanzando, silenciosa o brutal, todos los días.
Un país donde la alerta nunca se apaga
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más de 144 mil casos de violencia contra mujeres y niñas se registraron solo en 2023 en los Centros de Emergencia Mujer. En Arequipa, la situación no es distinta: la región cerró el año con más de 8 mil atenciones por violencia reportadas por la misma entidad, ubicándose entre las regiones con más denuncias del sur.
No son números. Son historias.
Como la de Ana Paola Vargas, la joven universitaria de la UNSA asesinada en el propio campus en 2022. Un caso que estremeció a toda la ciudad y que expuso, una vez más, la fragilidad de las mujeres incluso en los espacios que deberían ser más seguros.
O la de la joven venezolana quemada viva en plena vía pública en Miraflores (Arequipa) en 2023. Un hecho que confirmó que la violencia contra la mujer no distingue nacionalidad, edad ni origen.
Ambos casos fueron noticia nacional, pero también evidenciaron lo que las cifras muestran desde hace años. Las mujeres no están seguras ni en sus rutas, ni en sus trabajos, ni en sus casas. Ni siquiera en los espacios públicos a plena luz del día.
La violencia también es cultural, y eso es lo que más cuesta cambiar
La socióloga peruana Norma Correa lo dijo en una entrevista para El Comercio: “No estamos enfrentando solo agresiones físicas, sino una estructura cultural que normaliza controlar, callar y subestimar a las mujeres”.
Lo vemos cada vez que alguien justifica un feminicidio con un “era celoso”, “se confundió”, “ella también lo provocó” o “fue un arrebato”. Lo escuchamos cuando un hombre dice “no seas exagerada” ante un acoso. Lo repetimos, sin darnos cuenta, cuando trivializamos la palabra “feminista”.
Y lo vemos incluso en instituciones que deberían proteger: denuncias mal atendidas, procesos eternos, mujeres obligadas a regresar a casa con sus agresores por falta de medidas urgentes.
Por eso, cada 25N no basta con pintarse la cara o compartir una frase. La violencia de género es un problema estructural que se alimenta de la cultura, del machismo histórico y del silencio social.
Arequipa también está cansada
En la región, especialistas como la abogada de la Red de Mujeres Arequipa, Claudia Saldivia, advirtieron en una entrevista para RPP que “el sistema está rebasado y muchas mujeres no denuncian porque sienten que no habrá consecuencias reales para el agresor”.
A eso se suma el aumento de casos en zonas periurbanas y rurales, donde el acceso a justicia y protección es aún más limitado. La Defensoría del Pueblo en su último reporte alertó que la violencia en regiones como Caylloma, Castilla y La Unión suele invisibilizarse, porque no llega a los medios ni a las autoridades con la misma fuerza que en la ciudad.
Mientras tanto, las mujeres siguen caminando con miedo. Y lo más preocupante: aprendiendo a vivir con él.
El 25N debe ser un recordatorio, no un escape
La violencia de género no se combate con minutos de silencio, sino con políticas públicas que funcionen. Con autoridades capacitadas,procesos rápidos, educación afectiva desde la infancia. Con hombres que cuestionen sus privilegios y con una ciudadanía que no mire a otro lado.
Porque la violencia no es “un problema de mujeres”. Es un problema del país entero.
Cada caso ignorado, cada denuncia archivada, cada agresión minimizada es un mensaje claro: la sociedad sigue fallando.
Y mientras no entendamos eso, mientras permitamos que las cifras sigan creciendo como si fueran inevitables, el 25N será solo una fecha bonita en el calendario. Una fecha que se conmemora, pero que no cambia nada.
¿Hasta cuándo vamos a esperar para actuar? ¿Hasta el próximo feminicidio que recién nos indigne? ¿Hasta que la violencia toque a alguien cercano? ¿O hasta que nos demos cuenta de que ninguna mujer está realmente a salvo?
No se trata de marchar un día. Se trata de cambiar todos los días.
Un fuerte colapso del sistema de desagüe en la zona de Valle Blanco, en el distrito de Cerro Colorado, generó preocupación entre vecinos, comerciantes y padres de familia. Durante la mañana de este lunes, dos buzones rebosaron y expulsaron gran cantidad de aguas residuales, provocando que las calles quedaran completamente inundadas con desechos. El olor era tan insoportable que obligó a suspender actividades escolares cercanas.
Los más afectados fueron los estudiantes de la institución educativa Innova Schools, quienes tuvieron que regresar a sus viviendas ante la imposibilidad de hacer clases.Los transeúntes intentaban avanzar sorteando las charcas de residuos que, además del hedor, arrastraban papel higiénico y hasta excremento humano, generando indignación entre los vecinos.
Foto: Captura Frase Corta
Comerciantes de la zona también resultaron perjudicados. Un puesto de raspadillas, ubicado a pocos metros del colapso, se vio obligado a suspender ventas debido a la contaminación del ambiente. Lo mismo ocurrió con una cevichería cercana.
Hasta el lugar llegó personal técnico de Sedapar, que logró detener el colapso tras varias horas de trabajo. Sin embargo, la empresa no realizó una limpieza completa de la zona, dejando grandes cantidades de aguas residuales estancadas en los alrededores. Esto ha generado temor por la posible propagación de enfermedades debido a la exposición prolongada a los residuos.
Los residentes exigen una intervención inmediata para la limpieza y desinfección del área. Además, pidieron a Sedapar un mantenimiento más frecuente del sistema de alcantarillado, ya que los buzones suelen saturarse durante horas de alta demanda o tras lluvias intensas.
Mientras tanto, el tránsito peatonal continúa siendo un problema en las calles afectadas y la preocupación se mantiene entre quienes viven y trabajan en la zona. Vecinos advierten que, si el agua residual no es retirada pronto, la situación podría convertirse en un foco permanente de contaminación.
El feminicidio de la estudiante Ana Paola Vargas dentro del campus de la UNSA conmovió a Arequipa, pero su caso forma parte de un fenómeno mayor: miles de denuncias por violencia contra la mujer cada año. Aunque existen centros de atención y campañas, las cifras y las instituciones muestran que las respuestas aún son insuficientes.
El caso que no se olvida: Ana Paola en la UNSA
El 29 de septiembre de 2023 la comunidad universitaria de Arequipa quedó conmocionada: la estudiante Ana Paola Vargas Ramos (19) fue asesinada por su expareja dentro del campus de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Las imágenes y testimonios recogidos por la prensa mostraron la violencia extrema del hecho.
El agresor fue posteriormente sentenciado en primera instancia a 20 años y 8 meses de prisión por feminicidio, una condena que la Fiscalía apeló pidiendo penas mayores por la gravedad del delito. La universidad, las autoridades judiciales y la sociedad reclamaron cambios para evitar que espacios académicos se transformen en escenarios de violencia.
Foto: Pastoral Universitaria – UNSA
Un patrón regional: cifras recientes que no se pueden ignorar
Las cifras oficiales muestran que la violencia contra la mujer en Arequipa es un problema de gran escala. El INEI publica regularmente boletines sobre feminicidio y violencia; su informe de avance hasta el tercer trimestre de 2024 es una referencia sobre la magnitud nacional del problema.
A nivel regional, los registros y reportes acumulados por instituciones locales indican miles de denuncias: la Defensoría del Pueblo ya advertía en 2023 que Arequipa había registrado 14.523 denuncias por violencia contra la mujer durante 2022 y que, en los primeros meses de 2023, las cifras continuaban en aumento.
El Observatorio y los registros policiales también muestran que en 2025 se han seguido registrando cifras elevadas de denuncias y medidas de protección. Por ejemplo, informes del Ministerio Público y del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana señalan cientos o miles de intervenciones, sentencias y medidas desde inicios de 2025.
El Ministerio de la Mujer (MIMP) y su programa Warmi Ñanreportaron que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron decenas de miles de casos en 2024–2025 (más de 113.000 atenciones a nivel nacional entre enero y agosto de 2025), lo que muestra la demanda de atención especializada; Arequipa aporta una porción significativa a esa cifra dada su alta demanda.
¿Dónde ocurren más hechos?
Los datos muestran que la violencia contra la mujer se presenta tanto en zonas urbanas como rurales, aunque las modalidades y la visibilidad cambian. En áreas urbanas (como el Cercado de Arequipa y zonas comerciales) las denuncias son más visibles y numerosas por la mayor presencia de comisarías y servicios.
En tanto, en zonas rurales y altoandinas la violencia puede ser igual o peor, pero subreportada por dificultades de acceso a servicios, estigmas y aislamiento. La Defensoría del Pueblo y los estudios regionales han señalado que la prevalencia puede ser alta en distritos vulnerables y que los servicios deben adaptarse a contextos rurales y urbanos por igual.
Más que golpes: las formas silenciosas y la violencia sexual
No todo se reduce a agresiones físicas. La Defensoría y el MIMP señalan que una gran proporción de las denuncias corresponden a violencia psicológica (insultos, amenazas, control) y violencia económica, además de agresiones físicas y sexuales.
En Arequipa, según registros de CEM y reportes institucionales, la violencia psicológica suele ser la más frecuente en las consultas, seguida de la violencia física y sexual en porcentajes relevantes. El MIMP también reporta que a nivel nacional la violencia familiar sigue siendo una de las principales causas de atención en los CEM y que la incidencia de violencia sexual mantiene cifras que requieren atención especializada.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Además, las denuncias por violencia sexual y delitos conexos siguen preocupando: múltiples fuentes periodísticas y de justicia han reportado que en Arequipa se atienden diariamente denuncias por violación y agresión sexual, y que estas denuncias exigen rutas de atención integrales.
Respuestas institucionales: qué hay y por qué no basta
Existen estructuras formales: centros CEM, unidades policiales especializadas, fiscalías de violencia contra la mujer y programas del MIMP (Warmi Ñan). El MIMP informó que los CEM atendieron más de 113.000 casos entre enero y agosto de 2025 a nivel nacional, lo que indica un esfuerzo de atención nacional, aunque la demanda supera la oferta.
En Arequipa, la Defensoría ha pedido articulación interinstitucional para que el registro de denuncias, la protección y la prevención funcionen en conjunto; en su informe regional dijo que la falta de coordinación y recursos limita la eficacia de las medidas.
Asimismo, el Poder Judicial y las fiscalías de violencia vienen incrementando sentencias y medidas de protección (por ejemplo, las fiscalías de violencia en Arequipa reportaron cientos de sentencias condenatorias en 2025), pero los analistas coinciden en que se requiere más prevención y acompañamiento post-denuncia.
Foto: Colectiva Feminista AQP
Aun así, los informes y análisis regionales identifican varias barreras: subregistro (muchas agresiones no se denuncian), la normalización cultural del maltrato en ciertos entornos, deficiencias de articulación entre servicios, falta de personal capacitado en comisarías y CEM, y limitaciones presupuestarias.
La Defensoría y el MIMP han señalado repetidamente que sin un abordaje integral (que incluya prevención en escuelas y universidades, capacitación y solidaridad comunitaria) los avances quedarán incompletos.
Los números y los casos extremos en Arequipa dejan claro que la violencia contra la mujer sigue siendo una crisis. El feminicidio de Ana Paola y la muerte por quemaduras de otra mujer en 2025 son recordatorios brutales de que la violencia no conoce espacio. Ocurre en la casa, en la calle y hasta en la universidad.
Las instituciones han dado pasos (CEMs funcionando, fiscalías activas, sentencias) pero la magnitud del problema exige políticas sostenidas. Desde la prevención desde la escuela y el campus, protección real y la voluntad política para coordinar recursos.
La memoria de las víctimas debe transformarse en cambio efectivo: protocolos activos en universidades, CEM con cobertura suficiente, formación en colegios y mayor apoyo post-denuncia. Arequipa necesita que la conversación se traduzca en acciones que salven vidas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) abrió su plataforma digital para que los ciudadanos elijan hasta tres locales de votación cercanos a su domicilio con miras a las Elecciones Generales 2026. El sistema estará habilitado del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2025, las 24 horas del día.
Elección disponible solo según la dirección del DNI
La elección de locales estará disponible para todos los electores hábiles, incluidos quienes cumplirán 18 años el mismo día de los comicios.
Cada ciudadano solo podrá escoger locales dentro del distrito que figura en su DNI, según la dirección válida al cierre del padrón electoral del 14 de octubre de 2025. A nivel nacional estarán disponibles 8,455 locales.
El aplicativo también permite registrar si la persona tiene alguna discapacidad, para garantizar atención preferente. Además, puede usarse en español, quechua y aymara.
La verificación de identidad se realizará mediante preguntas personales, foto del DNI o reconocimiento facial. Después, el usuario deberá ingresar su correo electrónico, número de celular y ubigeo registrados en su documento. La confirmación del correo es obligatoria para continuar.
Una vez validada la identidad, cada elector podrá seleccionar tres locales según orden de preferencia. El sistema permitirá tres modificaciones antes del cierre del proceso. Tras guardar la información, el ciudadano recibirá un correo con los datos de los locales elegidos.
En marzo de 2026, la ONPE informará cuál será el local asignado.
La institución recordó que esta selección debe hacerse en cada proceso electoral, ya que los locales pueden variar respecto a elecciones anteriores. Quienes no realicen este registro recibirán un local asignado según disponibilidad.
La ONPE garantizó que el proceso es seguro y está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales.
Familiares de Salomón Carbajal frente a la Divincri/ Foto: Frase Corta
A los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, llegaron familiares de Salomón Carbajal Castellanos, quien fue asesinado a balazos dentro de su vivienda, ubicada en el sector de La Curva, distrito de La Joya.
Los familiares señalan que la Policía no está realizando bien las diligencias respectivas. Su hija mayor, narró que fueron ellos quienes encontraron la llave de uno de los vehículos implicados. Esto, después de que los agentes policiales ingresen a hacer las pericias. «Muchos familiares se quedaron a buscar, eso significa que no han hecho su trabajo bien».
Salomón Carbajal, padre de 4 hijos, natural de Isivilla, distrito de Corani-Carabaya, Puno, llevaba 25 años vivienda en la zona y empezó trabajando como jornalero, vaquero hasta llegar a ser comerciante de cochinilla.
Su hermano, Simón Carbajal, junto a otros familiares, pidieron que se haga justicia. «No sabemos de nada de algún tipo de amenaza, no es una persona de ofender, todos los amaban, era bien amiguero».
Las declaraciones de los familiares señalan que Salomón colaboró con los delincuentes. Les dio el dinero e incluso les pidió que se lleven la camioneta, sin embargo ellos le dispararon, acabando así con su vida. «En las cámaras de la casa, todos estaban encapuchados, solo uno creo que estaba con la cara descubierta, y tal vez por eso lo mataron”, declaró su hija.
La familia asegura que la policía no tiene comunicación con ellos. Incluso, cuando hallaron la camioneta de Salomón el día lunes en el distrito de Mariano Melgar, se enteraron por las redes sociales. Por ello piden que se haga justicia y que las autoridades realicen su trabajo de la manera correcta.
El motociclista y padre de familia, William Denos Callo (27), falleció esta mañana tras colisionar frontalmente con un bus de transporte público en la Urb. Cristo Rey en el distrito de Paucarpata. El choque habría provocado una grave lesión en la cabeza del motociclista por lo que perdió la vida instantáneamente.
Conocidos de la víctima afirmaron que William habría dejado a su hija en el jardín y se dirigía a su centro de trabajo. Asimismo, según testimonios de los transeúntes, William, habría invadido el carril contrario para evitar un vehículo estacionado de forma irregular. Sin embargo, no se percató que la combi circulaba en sentido contrario, colisionando fuertemente contra ella.
La motocicleta de placa V2-1878, quedó totalmente destruida y el cuerpo de William a metros de ella. El vehículo de transporte público de la empresa AQP Masivo de placa B4O-959, también habría sufrido daños materiales. El conductor, Juan Mamani Huiracocha fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaria de Campo Marte.
Por otro lado, el vehículo que estuvo estacionado de forma irregular se retiró del lugar. “Las personas siempre dejan su carro estacionado en la curva, cada vez que pasamos, no hay visibilidad», dijo una vecina. William Denos, joven querido por muchos, dejó en orfandad a una niña de 4 años.
A la trágica escena llegaron su madre y sus hermanos, quienes rompieron en llanto al ver el cuerpo del joven. Narraron que horas antes habrían compartido el desayuno juntos y que aunque no utilizaba mucho la motocicleta, hoy la usó porque su auto estaba en el taller.
Aproximadamente a las 10:00 p.m. de la noche de ayer, una minivan impactó contra una vivienda ubicada en la Asociación Guillermo Mercado, en el distrito de Cerro Colorado. Según los vecinos, el vehículo, que se encontraba retrocediendo, no habría calculado bien el espacio ni la fuerza, lo que provocó que destruyera por completo el portón enrollable de la casa.
El propietario del inmueble recién se dio cuenta del daño al día siguiente. De inmediato se apersonó a la comisaría de Zamácola para interponer la denuncia correspondiente y solicitar que se revisen las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, los equipos de videovigilancia no lograron captar la placa del vehículo responsable debido al ángulo y a las condiciones de iluminación.
Los vecinos manifestaron su molestia por la actitud del conductor, quien se retiró del lugar sin ofrecer disculpas ni intentar hacerse cargo de los daños ocasionados.
El impacto dejó inutilizable el portón de la vivienda, generando preocupación en la familia afectada, que quedó expuesta durante varias horas. El propietario indicó que inicialmente tendrá que asumir los gastos de reparación mientras avanza la investigación policial.
Por el momento, el caso continúa en manos de la Policía, que busca imágenes adicionales de cámaras particulares o de serenazgo que permitan identificar al responsable y determinar las sanciones correspondientes.
